El pasado 28 de agosto de 2024, entró en vigor una reforma a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, marcando un hito en la prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT) en México. Esta reforma introduce cambios significativos en diversos aspectos, buscando un equilibrio entre la inclusión financiera y la seguridad.
Uno de los cambios más destacados es la simplificación de los procesos de identificación para pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con el objetivo de fomentar su inclusión financiera. Esta medida reduce los requisitos documentales y agiliza la apertura de cuentas, sin comprometer las medidas de prevención de LD y FT.
Por otro lado, la reforma refuerza los mecanismos de identificación no presencial, adaptándose a la creciente digitalización de los servicios financieros. Se establecen nuevos requisitos para la recopilación y verificación de datos, garantizando la integridad de los expedientes de los clientes. Asimismo, se definen los procesos de verificación para asegurar la consistencia y completitud de la información.
En cuanto al personal encargado de la prevención de LD y FT, la reforma establece que el Oficial de Cumplimiento deberá contar con una certificación específica. Además, se detallan los requisitos para designar a un Oficial de Cumplimiento Interino. Esta medida busca elevar el nivel de especialización y garantizar un mayor compromiso con las medidas de prevención.
Otro aspecto relevante es la implementación de sistemas automatizados para evaluar los riesgos. Estos sistemas deberán ser evaluados periódicamente para asegurar su eficacia y cumplimiento con los parámetros establecidos. Además, se establecen nuevas disposiciones para los manuales de cumplimiento, los cuales deberán incluir políticas y procedimientos más detallados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Finalmente, la reforma introduce la obligación de compartir información cuantitativa sobre las operaciones de las instituciones financieras. Esta medida busca promover la transparencia y facilitar la supervisión regulatoria.
En resumen, esta reforma representa un avance significativo en la prevención de lavado de dinero en México. Al simplificar los procesos para las PyMEs, fortalecer los mecanismos de identificación y exigir una mayor especialización del personal, se busca garantizar la seguridad del sistema financiero y contribuir a la lucha contra los delitos financieros.